Posteado por: aarbaiza | 29 enero 2014

La smart city, entre lo público y lo privado

La Administración Pública es, en muchos casos, el mejor cliente de la empresa privada. Son muchas las compañías que desarrollan productos y servicios vinculados a la vida pública y a alguno de los ámbitos de gestión competencia de las administraciones a todos sus niveles.  Podríamos decir que el sector público y el privado están “condenados a entenderse”, se necesitan mutuamente. Si esto es así en líneas generales, cuando hablamos del caso concreto de las smart cities todavía la dependencia es mayor. Cuando un ayuntamiento decide apostar por convertir su ciudad en una ciudad inteligente asume el advenimiento de notables cambios en distintas áreas de la gestión municipal, con objeto de tratar de aplicar el calificativo de “inteligente” a la gestión de residuos, del sistema de aguas, de las zonas verdes, del transporte público, de la movilidad urbana, de los recursos municipales… En definitiva, se trata de conseguir la sostenibilidad de la ciudad y la optimización de sus procesos para mejorar la calidad de los servicios al ciudadano incurriendo en el menor coste posible.

Resulta evidente que esto no se consigue de la noche a la mañana, y que en la carrera para que una ciudad avance en el cumplimiento de estos hitos entra en juego un alto componente tecnológico. Porque no es el gobierno local por sí mismo quien se lanza a desarrollar un sistema inteligente de alumbrado público, sino que, una vez identificado su establecimiento como objetivo, localiza en el mercado al proveedor que le ofrece el mejor servicio y le contrata para implantarlo en su ciudad, atendiendo al sistema establecido por la Ley de Contratación Pública.

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) –de la que Fundetec ejerce como oficina técnica– defiende que la colaboración público-privada es una de las claves del éxito de las smart cities. Sin embargo, en muchos casos la normativa de contratación pública se convierte en un lastre que dificulta o ralentiza su avance, por lo que desde RECI se plantea la necesidad de reflexionar sobre el ordenamiento jurídico actual y establecer algunas propuestas de mejora que favorezcan un desarrollo más acelerado de las ciudades inteligentes en España. Desde esta perspectiva, el pasado mes de noviembre Fundetec y Garrigues organizaron en Madrid la jornada ‘La colaboración público-privada en la smart cities’, a la que asistieron cerca de 300 personas tanto de la Administración en sus diferentes niveles como de pymes y grandes multinacionales.

Si una cosa quedó patente en dicho encuentro es que este tema interesa y preocupa a todos por igual. Asimismo, se llegó también a una serie de interesantes conclusiones. Por un lado, en la jornada se puso de manifiesto que la normativa de contratación pública prevé ya figuras como el contrato mixto, el contrato especial o el contrato de colaboración entre el sector público y el privado que pueden dar cobertura a muchos de los proyectos complejos en el entorno de las smart cities. También se contemplan aspectos como la capacidad de incluir indicadores de variabilidad, establecer precios variables o provisionales, o que la retribución que percibe la empresa contratada pueda proceder no sólo de la administración contratante sino también de otro tipo de operadores, públicos o privados, que puedan indirectamente participar o beneficiarse de un determinado servicio.

No obstante, sin necesidad de llegar a acometer grandes reformas legislativas, sería conveniente establecer determinadas clarificaciones relativas, por ejemplo, a situaciones de prestación de servicios interrelacionados o complementarios que exigen el tratamiento de una unidad funcional, o a la convivencia entre contratos nuevos y contratos de servicio antiguos todavía en vigor. Asimismo, si hablamos de pruebas piloto para testar determinadas innovaciones, sería interesante aclarar la naturaleza de las relaciones jurídicas inherentes a esta colaboración, o categorizarla como investigación y desarrollo; eso sí, sin que se convierta en una ventaja competitiva respecto al resto de operadores en posteriores concursos, que deberán siempre respetar el principio de neutralidad tecnológica.

Por otro lado, la implantación masiva en los entornos urbanos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cuyos flujos de información son la base del funcionamiento de la smart city, requiere también un tratamiento específico desde el punto de vista jurídico que garantice en todo momento la preservación del derecho fundamental del ciudadano a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal. Del mismo modo, no hay que perder de vista los potenciales riesgos que pudieran generarse a causa de posibles fallos tecnológicos o ataques maliciosos que provoquen fallos o interrupciones en el funcionamiento de los sistemas de la ciudad inteligente. En este sentido, sería necesario disponer de un marco normativo adecuado y de estándares de seguridad de infraestructuras, sistemas y datos adaptados a este nuevo entorno, de manera que quede garantizada la plena prestación de los servicios.

España dispone de las tecnologías y los recursos para convertirse en referente mundial en el ámbito de las smart cities. Que la legislación no sea un freno a su desarrollo.


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